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Política

ONG de mujeres migrantes rechaza recursos públicos por recortes presupuestales

El Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura declinó una partida de 78 mil euros en protesta por la reordenación de políticas sociales pactada por el Partido Popular y Vox.

Redacción La Fuente
Foto: moncloa.com

El Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura anunció este sábado su decisión de rechazar una asignación de 78 mil 216 euros provenientes de la administración estatal. Esta medida se toma en respuesta a la reciente reordenación de las políticas sociales y de integración impulsada por la coalición conformada por el Partido Popular y Vox, la cual, a juicio de la organización, compromete el alcance y la eficacia de los programas de apoyo a colectivos vulnerables.

La organización civil argumenta que la reestructuración presupuestal, implementada tras el acuerdo de gobernabilidad entre ambos partidos, representa un retroceso en la atención integral de las personas migrantes en la entidad. Según explicaron representantes del colectivo, aceptar los fondos bajo las nuevas directrices gubernamentales implicaría validar una política que, consideran, limita el impacto social de las acciones que han desarrollado históricamente en el territorio.

Los recortes y la modificación en los criterios de asignación han generado tensión entre las autoridades locales y diversos sectores del tejido asociativo. Mientras el Ejecutivo estatal sostiene que la reordenación busca una mayor optimización de los recursos públicos, las organizaciones civiles advierten sobre el riesgo de desarticulación de redes de apoyo esenciales para la integración, la salud y la protección de los derechos humanos de las personas extranjeras residentes en la región.

Esta renuncia al financiamiento público no solo pretende ser un acto de protesta simbólica, sino también una estrategia para visibilizar el costo social que, desde la perspectiva de la ONG, conlleva la actual política gubernamental. El equipo de la organización ha señalado que buscarán alternativas de financiamiento privado y cooperación internacional para mantener sus servicios básicos, subrayando que su compromiso con la población migrante prevalece sobre la dependencia de los recursos otorgados por la administración vigente.

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