Entra en vigor la Ley Mariana Lima en el Estado de México
La normativa obliga a la Fiscalía General de Justicia estatal a investigar todas las muertes violentas de mujeres bajo el protocolo de feminicidio.

A partir de este 1 de octubre de 2026, la Ley Mariana Lima Buendía es de aplicación obligatoria en el Estado de México. Esta disposición legal establece que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) debe investigar bajo el protocolo de feminicidio cualquier muerte violenta de mujeres y niñas, eliminando la posibilidad de clasificar estos casos inicialmente como suicidios o accidentes sin una investigación previa exhaustiva.
La implementación de esta ley responde a una exigencia histórica de colectivos y familiares de víctimas de violencia de género en la entidad. El marco legal busca estandarizar los criterios ministeriales, asegurando que el personal de la fiscalía actúe con perspectiva de género desde el primer contacto con la escena del hallazgo, evitando la pérdida de evidencias y la revictimización de las familias involucradas.
El protocolo exige que toda muerte violenta sea analizada bajo una serie de directrices técnicas que permitan identificar si existieron razones de género en el acto delictivo. Esto implica la recolección de pruebas periciales especializadas y la integración de expedientes que consideren el contexto de violencia sistemática en la vida de la víctima, garantizando que el acceso a la justicia sea efectivo y no discrecional.
Las autoridades estatales han señalado que esta medida busca cerrar las brechas en la procuración de justicia que históricamente han permitido la impunidad en casos de violencia contra la mujer. La capacitación del personal ministerial y de las fuerzas de seguridad estatales será fundamental para que el protocolo se aplique correctamente en cada uno de los municipios mexiquenses, fortaleciendo la respuesta institucional ante las denuncias presentadas.
La entrada en vigor de esta ley representa un avance significativo en la legislación local, alineándose con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han marcado precedentes sobre la obligación estatal de investigar con perspectiva de género. Se espera que este cambio operativo reduzca los tiempos de respuesta y mejore la calidad de las carpetas de investigación abiertas por la fiscalía en todo el territorio estatal.
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