Desarticulan red de empadronamientos ilegales que afectó a 69 personas en Almería

La Guardia Civil de Almería informó este lunes sobre la detención de 18 personas, presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al empadronamiento ilegal de migrantes. La operación, que permitió desarticular esta red delictiva, identificó a 69 víctimas que habrían pagado hasta 2,500 euros cada una para obtener certificados de residencia falsificados, un trámite indispensable para acceder a servicios básicos y regularizar su situación migratoria.

Según las investigaciones preliminares, los implicados utilizaban viviendas de su propiedad o bajo su control para registrar a los extranjeros sin que estos residieran realmente en los inmuebles. El modus operandi consistía en cobrar cantidades exorbitantes por el alta en el padrón municipal, aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas que buscaban cumplir con los requisitos legales para su estancia en el territorio.

Durante los operativos de seguridad, las autoridades incautaron documentación diversa, dispositivos electrónicos y archivos que vinculan a los detenidos con el fraude sistemático. Los arrestados enfrentan cargos por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, mientras que la Fiscalía ha iniciado los procesos judiciales correspondientes para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los implicados.

Este caso ha puesto en alerta a las autoridades migratorias sobre la proliferación de redes que lucran con la necesidad de trámites administrativos. El equipo de investigación de la Guardia Civil continúa recabando testimonios de las víctimas para fortalecer la carpeta de investigación ante los tribunales, buscando desmantelar por completo cualquier red similar que opere en la región andaluza.

Las autoridades reiteran que el acceso al padrón es un derecho y una obligación ciudadana que no debe ser objeto de comercialización ilegal. Se hace un llamado a la población para denunciar cualquier irregularidad ante las instancias correspondientes, recordando que estos esquemas fraudulentos no garantizan la legalidad de la estancia y colocan a los afectados en una situación de mayor riesgo jurídico y personal.