Congreso rechaza prórroga a la moratoria que protege contra desahucios
Una alianza parlamentaria integrada por el Partido Acción Nacional, Vox y Junts frenó en el Congreso la extensión de la moratoria antidesahucios.
El Congreso de la Unión vivió este sábado una jornada de alta tensión legislativa, luego de que una mayoría conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Vox y el grupo parlamentario de Junts votara en contra de la prórroga de la moratoria antidesahucios. Con un total de 177 votos en contra, la medida que buscaba blindar a familias vulnerables de perder sus viviendas fue rechazada, impidiendo su continuidad en el marco de la actual crisis habitacional que afecta a diversas entidades federativas.
La decisión parlamentaria ha generado reacciones inmediatas entre diversos colectivos sociales y organizaciones defensoras del derecho a la vivienda. Representantes de estos grupos señalaron que la falta de esta protección coloca a miles de ciudadanos en una situación de incertidumbre jurídica, advirtiendo que los procesos de desalojo podrían incrementarse en los próximos meses si no se presentan alternativas legislativas urgentes por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Por su parte, los partidos que integraron el bloque opositor argumentaron durante el debate que la moratoria distorsiona el mercado inmobiliario y desincentiva la inversión en propiedad privada. Según las posturas expresadas por sus voceros, la prioridad debe centrarse en mecanismos que fomenten la construcción de vivienda nueva y la seguridad jurídica de los propietarios, en lugar de mantener medidas de carácter temporal que consideran insuficientes para resolver el problema de fondo.
La falta de consenso en la Cámara de Diputados refleja la profunda división política sobre cómo gestionar el acceso a la vivienda en el país. Mientras el bloque mayoritario que impulsaba la prórroga sostiene que es una cuestión de derechos humanos y bienestar social, la oposición ha mantenido su postura de rechazo, argumentando que se requieren reformas estructurales de largo plazo y no soluciones paliativas que, a su juicio, terminan perjudicando el equilibrio del sector inmobiliario nacional.