ASAJA abandona consejo ambiental por controversia en reforma a Ley Forestal

La Asociación Agrícola (ASAJA) formalizó este lunes su salida del Consejo Asesor de Medio Ambiente, marcando una ruptura institucional ante las discrepancias sobre la reciente reforma a la Ley de Montes. La organización argumenta que las modificaciones legislativas introducen criterios técnicos que, de aplicarse estrictamente, podrían derivar en la prohibición total de labores de cosecha mediante maquinaria identificada con niveles de emisiones IPP naranja o rojo. Esta decisión impacta la relación entre el sector agropecuario y las autoridades ambientales federales.

El núcleo del conflicto reside en las nuevas especificaciones sobre maquinaria pesada y su impacto en terrenos forestales y agrícolas. Representantes de la asociación señalan que la normativa, tal como está planteada actualmente, ignora las realidades operativas del campo mexicano, donde la mecanización es indispensable para mantener los niveles de productividad. La preocupación principal es que el uso de equipos clasificados bajo los estándares IPP mencionados quede restringido, dejando a los productores sin alternativas tecnológicas viables para sus actividades diarias.

Desde la perspectiva de los productores, la reforma carece de un análisis de impacto económico profundo y no contempla periodos de transición necesarios para la actualización del parque vehicular agrícola. Fuentes cercanas a la organización indicaron que la salida del consejo es un llamado de atención a la SEMARNAT para que abra un canal de diálogo técnico. Buscan que las regulaciones ambientales no se conviertan en un obstáculo insalvable para la seguridad alimentaria y la eficiencia del sector primario en los estados con mayor vocación forestal.

La controversia también ha generado reacciones en el Congreso de la Unión, donde legisladores de diversas bancadas han comenzado a solicitar mesas de trabajo para revisar el alcance de la ley. Se espera que en los próximos días la Secretaría de Medio Ambiente emita un pronunciamiento formal para aclarar si existen excepciones contempladas para el sector agrícola. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los agricultores, quienes temen que la aplicación de estas medidas afecte sus márgenes operativos en las próximas temporadas de cosecha.