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Política

Apple acuerda pago de 250 millones de dólares por caso Siri

La tecnológica cerró un acuerdo legal que otorga indemnizaciones de hasta 95 dólares a usuarios afectados en Estados Unidos.

Redacción La Fuente
Foto: moncloa.com

Apple ha formalizado un acuerdo judicial por un monto de 250 millones de dólares para resolver una demanda colectiva relacionada con el funcionamiento de su asistente virtual Siri. Este proceso legal, que concluye tras meses de litigio, busca compensar a los usuarios que consideraron vulnerada su privacidad o experimentaron fallos en el procesamiento de comandos de voz en sus dispositivos móviles.

La resolución contempla indemnizaciones directas que oscilan entre los 25 y los 95 dólares por cada dispositivo iPhone afectado. Es importante precisar que, según los términos establecidos en el acuerdo legal, este beneficio es exclusivo para residentes y compras realizadas estrictamente dentro del territorio de Estados Unidos, por lo que los usuarios en México no son elegibles para solicitar este pago compensatorio.

Para acceder a la indemnización, los interesados deben presentar su solicitud a través del portal oficial habilitado por los administradores del caso. Los usuarios deberán acreditar la propiedad de un modelo de iPhone compatible y demostrar que el dispositivo fue adquirido dentro de las fechas y condiciones estipuladas en la demanda colectiva, siguiendo un proceso de validación digital.

Este pago representa un cierre significativo en la estrategia de la compañía para mitigar riesgos legales asociados con la recopilación de datos de audio. Si bien el acuerdo resuelve la controversia actual, Apple ha reiterado su compromiso de fortalecer las políticas de privacidad en sus futuras actualizaciones de software para evitar incidentes similares en los mercados internacionales.

Los expertos legales sugieren que este caso sienta un precedente sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en el manejo de asistentes de voz inteligentes. Mientras tanto, la empresa ha comenzado a notificar a los usuarios elegibles en el país vecino para que completen sus formularios antes de la fecha límite establecida por las autoridades judiciales encargadas del proceso.

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